Además, se ha incorporado la exigencia de Junts, que contempla incentivos fiscales para que las compañías puedan desgravarse las inversiones destinadas a la descarbonización, en línea con los objetivos medioambientales y económicos del Ejecutivo.

La reforma fiscal en marcha

El Gobierno y Podemos han logrado un acuerdo de última hora para aprobar un paquete fiscal que se votará en el Congreso, acompañado de un futuro impuesto a las compañías energéticas. Este acuerdo responde a las exigencias de Junts, que condicionó su apoyo a que las empresas puedan desgravarse parte de este tributo si invierten en descarbonización.

Más impuestos a las energéticas

Según el comunicado de Podemos, el PSOE y la formación morada se comprometen a impulsar una proposición de ley para crear este impuesto, estableciendo una comisión negociadora que incluirá a todos los partidos políticos necesarios para garantizar el consenso antes del 31 de diciembre.

En caso de no llegar a un acuerdo antes de esa fecha, el Gobierno extenderá el gravamen energético existente mediante un Real Decreto Ley para aplicarlo en 2025, asegurando que este nuevo marco sea compatible con no gravar las inversiones vinculadas a la transición energética. Podemos subraya que la complejidad técnica del impuesto y la necesidad de un análisis riguroso hacen indispensable seguir trabajando con los grupos parlamentarios para garantizar una contribución justa del sector energético.

Las opiniones cruzadas

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se mostró satisfecha con el pacto, afirmando que garantiza la tributación de las energéticas y que se trabajará en el seno de la mayoría parlamentaria plurinacional para acordar los detalles.

Por su parte, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, destacaron que el acuerdo es fruto de intensas negociaciones y permitirá una reforma fiscal más justa y redistributiva, fortaleciendo el Estado del bienestar y respondiendo a las demandas de los ciudadanos.

Bruselas avala los planes de Sánchez

La Comisión Europea ha respaldado el plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno español, que busca reducir gradualmente la deuda y el déficit público entre 2024 y 2031. El plan prevé un incremento del gasto público neto del 3% anual, lo que permitiría disminuir la deuda pública desde el 102,5% del PIB en 2024 al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Según el análisis de sostenibilidad, la Comisión considera plausible esta senda, ya que las proyecciones muestran una reducción consistente de la deuda bajo distintos escenarios.

Además, el déficit público, que será del 3% en 2024, se reduciría gradualmente hasta el 0,8% en 2031, manteniéndose por debajo del 3% del PIB durante la década posterior. La Comisión concluye que las proyecciones y los compromisos del plan son coherentes con los requisitos de sostenibilidad fiscal para deuda y déficit, avalando su viabilidad a medio y largo plazo.

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