En concreto, Bruselas critica que la legislación vigente otorga al Gobierno español facultades excesivamente amplias para bloquear o condicionar este tipo de movimientos empresariales, lo que, a juicio del Ejecutivo comunitario, podría vulnerar las normas del mercado único y la libre circulación de capitales. La actuación se produce en pleno pulso entre BBVA y el Gobierno por la operación, a la que el Ejecutivo ha mostrado una oposición cada vez más firme.

La Comisión Europea se entromete en el culebrón BBVA-Sabadell

Nuevo capítulo en la campaña de conquista del BBVA contra el Banco Sabadell. La Comisión Europea ha expedientado a España después del que el gobierno se haya entrometido en la operación. Y es que Bruselas considera que la normativa nacional otorga al Gobierno facultades excesivamente amplias para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias.

En una carta enviada recientemente al Gobierno, la Comisión señala que ciertas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia en España otorgan “facultades ilimitadas” al Ejecutivo para intervenir en operaciones del sector financiero. A juicio de Bruselas, esto interfiere con las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales, tal como establece la normativa bancaria de la UE.

El Ejecutivo comunitario también advierte de que estas prerrogativas gubernamentales suponen una restricción injustificada tanto a la libertad de establecimiento como a la libre circulación de capitales, dos pilares esenciales del proyecto europeo. Además, recuerda que las fusiones en el ámbito bancario son fundamentales para avanzar hacia una verdadera Unión Bancaria y lograr una asignación eficiente del capital dentro del bloque, facilitando así el acceso a productos financieros competitivos para ciudadanos y empresas.

Bruselas cuestiona la actuación del gobierno

En este contexto, Bruselas cuestiona que el Gobierno español autorizara la OPA de BBVA sobre Sabadell pero impusiera condiciones como la prohibición de fusionar ambas entidades durante un periodo de tres años. Según fuentes comunitarias, en ausencia de razones de interés público claramente justificadas, este tipo de condicionantes no deberían prevalecer sobre las decisiones técnicas de los organismos competentes, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde su punto de vista, elevar este tipo de decisiones al Consejo de Ministros no se justifica en el marco de una economía de mercado integrada.

Por ello, la Comisión ha dado un plazo de dos meses a España para responder a las deficiencias señaladas y corregir los aspectos más problemáticos de su legislación. En particular, se reclama una revisión profunda de la directiva de requisitos de capital y de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. También se insta a un uso adecuado y proporcionado de las herramientas previstas en la ley de defensa de la competencia.

España, expedientada

La carta enviada constituye el primer paso de un procedimiento de infracción. Si España no ofrece una respuesta satisfactoria, Bruselas podría emitir un dictamen motivado e incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La apertura del expediente no ha sorprendido en el entorno político ni financiero. Bruselas ya había advertido previamente al Ejecutivo español de que cualquier interferencia injustificada en la OPA sería objeto de escrutinio, y a principios de este mes anticipó la posibilidad de iniciar el proceso sancionador, que ahora se ha formalizado.

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Una red enredada

Los datos hablan por sí solos. La investigación de la Guardia Civil señala presuntas mordidas por valor de 620.000 EUR, obtenidas a través de contratos obtenidos durante la pandemia. Las cifras, por sí solas, ya habrían bastado para encender todas las alarmas. Pero es la cercanía de los implicados con la cúpula socialista —Cerdán era número tres del partido; Ábalos, exministro y figura clave en la primera legislatura de Sánchez— lo que convierte este caso en un verdadero terremoto político.

Pedro Sánchez ha intentado distanciarse rápidamente, pidiendo disculpas por haber confiado en Cerdán y activando una comisión de investigación en el Congreso. Un gesto que, si bien apunta a una voluntad de transparencia, también podría interpretarse como una maniobra defensiva: controlar los tiempos, marcar los ritmos y, sobre todo, contener el daño antes de que se vuelva estructural.

Silencios, maniobras y desgaste

Desde Ferraz se insiste en que el PSOE “ha actuado con contundencia”. Pero la ciudadanía no parece del todo convencida. La imagen de un Gobierno al que se le cuelan tramas millonarias entre bambalinas no casa bien con la bandera de la regeneración democrática que Sánchez ha querido enarbolar desde 2018. Y menos aún si uno de los protagonistas fue, durante años, uno de sus hombres de máxima confianza.

La reacción opositora ha sido inmediata. El Partido Popular no ha tardado en exigir explicaciones y deslizar que quizá el caso Ábalos–Cerdán no es una excepción, sino un síntoma de algo más profundo. Vox, por su parte, ha redoblado su discurso extremista. Mientras tanto, algunos socios de investidura —Sumar y Junts incluidos— miran con recelo, conscientes de que cualquier movimiento en falso puede hacer tambalear un equilibrio parlamentario ya de por sí precario.

La respuesta mediática también ha sido desigual. Algunos editoriales apelan a la prudencia y a la espera del pronunciamiento judicial. Otros, sin embargo, ya dibujan un mapa en el que las explicaciones del Ejecutivo suenan a coartada preventiva, más que a asunción real de responsabilidades.

¿Una crisis con recorrido?

Es probable que el tiempo —y los jueces— terminen de decidir la gravedad de este escándalo. Pero en política, lo simbólico importa tanto como lo jurídico. Y el símbolo que se proyecta hoy es el de un partido golpeado por los mismos males que durante años denunció en sus adversarios. La coherencia, en estos casos, es tan importante como la legalidad.

Con un calendario político cargado —Presupuestos, negociaciones territoriales, fricciones internas— y una ciudadanía cada vez más polarizada, este escándalo llega en el peor momento posible para un Gobierno que ya venía navegando entre fuegos cruzados.

Sánchez ha preferido refugiarse en su agenda internacional y mantener la compostura, como si con suficiente distancia mediática todo se pudiera desactivar. Pero el problema, quizá, no es tanto lo que se dice como lo que se intuye. Y lo que se intuye, con nombres, cifras y correos intervenidos, es que algo huele a podrido en el entorno del poder socialista.

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España aprueba las primeras líneas ICO frente a los aranceles

El gobierno ha puesto en marcha un plan de choque contra los efectos de los aranceles de Trump en la economía de la Nación. En este sentido, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha abierto un primer tramo de avales por un valor de 1.000 millones EUR para las empresas que se hayan visto golpeadas por las consecuencias de la guerra comercial.

La línea está dotada con 5.000 millones EUR, y el acuerdo del Consejo de Ministros ha permitido un primer tramo del 20% de la financiación, destinados a cubrir necesidades de liquidez o poner en marcha proyectos de reconversión empresarial de las empresas afectadas. Los préstamos podrán pedirse hasta el 30 de junio de 2026.

Continua el Plan de Recuperación y Relanzamiento

De este modo, el gabinete de Pedro Sánchez avanza en la aplicación del Plan de Recuperación y Relanzamiento. Éste tiene el objetivo de establecer una red de seguridad para empresas y trabajadores en situaciones de crisis, a fin de evitar una catástrofe económica que arrase nuestro tejido productivo por los efectos sísmicos externos. Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con los bancos.

¿Cómo son estos préstamos ICO?

Esta línea ICO está pensada para aquellas empresas importadoras y exportadoras que estén expuestas de forma directa o indirecta al mercado estadounidense. En este sentido, el Gobierno de la Nación busca respaldar a las empresas frente a las posibles consecuencias de la nueva política arancelaria de EE.UU.. Además, también se pretende incentivar los proyectos de reconversión empresarial, aumentando la resistencia del tejido productivo español.

Cualquier empresa que, dentro de los parámetros comentados, tengan un volumen de exportaciones/importaciones estadounidenses superior al 5% son susceptibles de poder solicitar uno de estos créditos. Por otro lado, la línea no olvida a aquellas empresas que, aunque no tengan este volumen directo, pueden verse afectadas indirectamente. En este sentido, podrán acceder a estos créditos, bien por ser proveedores relevantes de empresas radicadas en España de sectores afectados directamente, o bien por formar parte de cadenas de valor global.

Dos modalidades de crédito

Esta Línea de Avales tendrá dos modalidades en función de la finalidad con la que se solicita la financiación.

Una primera modalidad destinada a las necesidades de liquidez a corto plazo de las empresas afectadas. En este sentido, el aval podrá cubrir hasta un 80% del préstamo concedido por la Entidad Financiera. El plazo de amortización de estos préstamos serán de hasta cinco años, con uno de carencia. Desde ICO prevén que será la modalidad más demandada a corto plazo, por ello la han dotado del 75% de la financiación del primer tramo.

La segunda modalidad está dirigida a garantizar préstamos destinados a proyectos de reconversión o transformación empresarial. Se trata así de promover la resiliencia del tejido productivo nacional, favoreciendo la adaptación o rediseño de la capacidad productiva o el desarrollo de nuevos productos. Se podrá financiar hasta el 80% del valor de la inversión y, hasta el 100% del circulante asociado al proyecto de inversión.

En esta modalidad, las operaciones de menos de un millón de euros serán concedidas por las Entidades Financieras colaboradoras, y las que superen esta cuantía serán concedidas en régimen de cofinanciación con el ICO. La cobertura del aval podrá ser de hasta el 80% y el plazo de amortización de los préstamos de hasta 10 años, con tres de carencia.

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Un ajuste en la OPA para conquista Sabadell

BBVA ha comunicado este viernes un ajuste en la contraprestación de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, como consecuencia del reparto de dividendos por parte de ambas entidades. La operación, presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 24 de mayo de 2024 y admitida a trámite el 11 de junio del mismo año, se modifica en línea con lo previsto en el anuncio previo realizado el 9 de mayo de 2024.

Los pormenores del ajuste

El primer ajuste responde al dividendo complementario de 0,1244 EUR por acción que Sabadell abona este viernes. Como resultado, la contraprestación ofrecida por BBVA pasa a ser una acción ordinaria de nueva emisión y 0,29 EUR en metálico por cada 5,3456 acciones de Banco Sabadell.

A ello se suma el dividendo complementario de 0,41 EUR brutos por acción aprobado por BBVA en su Junta General de Accionistas del pasado 21 de marzo, cuyo pago está previsto para el 10 de abril de 2025. En consecuencia, a partir del 8 de abril, la contraprestación de la OPA se reajustará nuevamente, estableciéndose en una acción ordinaria de BBVA y 0,70 EUR en efectivo por cada 5,3456 acciones de Banco Sabadell.

Estos ajustes tienen como objetivo preservar la equivalencia económica de la oferta inicial, manteniendo inalteradas las condiciones financieras para los accionistas, tal como se estipuló en los términos originales de la operación.

Un asalto de largo recorrido

En mayo de 2024, BBVA lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil sobre Banco Sabadell, valorada en aproximadamente 12.200 millones EUR. Este movimiento se produjo después de que fracasaran las negociaciones amistosas entre ambas entidades, debido a desacuerdos en la valoración. La oferta de BBVA proponía un canje de 4,83 acciones de Sabadell por cada acción de BBVA, lo que representaba una prima del 18% sobre la cotización de Sabadell en ese momento.

Tras el anuncio, la operación ha estado sujeta a diversas autorizaciones regulatorias. En noviembre de 2024, la Comisión Europea aprobó la OPA sin objeciones, al determinar que BBVA no recibiría ayudas de terceros estados para esta adquisición. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España inició una segunda fase de análisis debido a posibles riesgos, como la reducción del crédito a pymes y el cierre de oficinas en zonas rurales. Este proceso podría extender la resolución hasta 2025.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aún debe emitir su informe final. Mientras tanto, BBVA ha lanzado campañas para dialogar con los accionistas de Sabadell, buscando su apoyo para la operación. Mientras tanto, el BBVA se ha lanzado a tratar de convencer a sus pequeños accionistas.

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El BBVA, obligado a pujar más

Nuevo capítulo en el culebrón BBVA-Sabadell que podría torcer los planes del gigante bancario vasco. Y es que los resultados presentados por el Sabadell han superado las expectativas. Además, desde el banco catalán han aumentado la retribución al accionariado, quienes en última instancia tienen la llave para la adquisición del BBVA. La salud de hierro del Sabadell, además, le permite lanzar un programa de recompra de acciones, que reduce las posibilidades de la OPA.

Una OPA de largo recorrido

En mayo de 2024, BBVA lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil sobre Banco Sabadell, ofreciendo un canje de una acción propia por cada 4,83 acciones de Sabadell. Esta propuesta se produjo tras el rechazo de una oferta amistosa previa por parte del consejo de administración de Sabadell.¹

El proceso ha requerido múltiples autorizaciones regulatorias. En septiembre, BBVA obtuvo el visto bueno de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido para controlar indirectamente TSB Bank, filial británica de Sabadell. Posteriormente, en noviembre, la Comisión Europea aprobó la operación sin objeciones.

Las instituciones españolas entorpecieron la operación

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España decidió en noviembre ampliar su análisis a una segunda fase, debido a posibles impactos en la competencia, especialmente en el crédito a pymes y el uso de tarjetas. Este examen más detallado implica una extensión del proceso hasta 2025 y permite la participación de diversas partes interesadas.

Mientras tanto, BBVA consideró mejorar las condiciones ofrecidas para facilitar la aprobación de la CNMC, enfocándose en aspectos como las condiciones para pymes, el crédito y el negocio de terminales de punto de venta (TPV). El banco también ha defendido la necesidad de consolidar grandes entidades europeas para competir globalmente, justificando así la OPA sobre Sabadell.

Un nuevo vuelco: los resultados del Sabadell

A las complicaciones se añaden los buenos resultados del Banco Sabadell. Y es que el banco catalán ha presentado sus resultados del cuarto trimestre de 2024 y del ejercicio completo, junto con su nueva política de retribución al accionista. Los resultados han superado las expectativas en margen de intereses y comisiones netas, además de reflejar una reducción de gastos de explotación y menores provisiones. Esto ha permitido que el beneficio neto creciera un 17% por encima de las estimaciones, aunque incluyó un impacto extraordinario positivo de 115 millones EUR.

A nivel operativo, el banco logró buenos resultados en 2024, con un RoTE recurrente del 14%, que asciende al 14,9% con extraordinarios. Este crecimiento estuvo impulsado por un aumento del crédito del 5%, gracias al buen desempeño de todas sus áreas de negocio.

Una nueva política de dividendos

En cuanto a la política de dividendos, la retribución al accionista ha mejorado con un dividendo en efectivo de 0,1244 EUR/acción, elevando el total de 2024 a 0,2044 EUR, lo que triplica el dividendo de 2023. Además, Banco Sabadell ha anunciado un programa de recompra de acciones por 755 millones EUR, equivalente a 0,187 EUR por acción y al 6% de su capitalización bursátil.

1. OPA sobre el Sabadell

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¿Qué son los unicornios?

El término «unicornio» fue acuñado en 2013 por la inversionista Aileen Lee para simbolizar lo raro y excepcional que era, en ese momento, encontrar empresas emergentes con una valuación tan alta. Estas organizaciones destacan por su innovación, su capacidad de escalar rápidamente y su impacto en los mercados donde operan.

Los unicornios se concentran principalmente en sectores de alta tecnología, como fintech, inteligencia artificial, comercio electrónico y biotecnología. Este éxito suele estar respaldado por la implementación de modelos de negocio disruptivos, la adopción de tecnologías avanzadas y la capacidad para atraer inversores interesados en financiar su crecimiento.

Principales unicornios españoles

España ha sido testigo de un auge significativo en la creación de unicornios en los últimos años, gracias al fortalecimiento del ecosistema emprendedor y el apoyo de iniciativas tanto públicas como privadas. Entre las startups que han alcanzado esta categoría destacan las siguientes:

Glovo

Glovo es una plataforma de entregas a domicilio que se ha expandido a nivel global. Fundada en 2015 en Barcelona, conecta a los usuarios con una amplia gama de servicios, desde comida hasta productos de supermercado. Su modelo de negocio, basado en la economía bajo demanda, ha revolucionado el sector logístico, marcando un punto de referencia para competidores.

Cabify

Cabify, fundada en 2011, se ha consolidado como una alternativa destacada en el ámbito de la movilidad urbana. Con un enfoque local y sostenible, esta empresa compite directamente con gigantes como Uber, demostrando que la adaptación a las necesidades locales puede ser una ventaja competitiva clave.

Jobandtalent

Jobandtalent es una plataforma de empleo que utiliza tecnología para conectar empresas y trabajadores de manera eficiente. Desde su fundación en 2009, ha crecido rápidamente, expandiendo sus operaciones a más de 10 países y asegurando importantes rondas de inversión para potenciar su crecimiento.

Factorial

Factorial es una startup especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de recursos humanos. Ofrece herramientas que automatizan procesos como la gestión de nóminas, vacaciones y evaluaciones de rendimiento, posicionándose como una opción atractiva para pymes que buscan modernizarse.

El impacto de los unicornios en la economía

Los unicornios tienen una influencia tangible en la economía española, al generar empleo, atraer inversión extranjera y transformar sectores tradicionales. Este impacto no solo mejora las cifras macroeconómicas, sino que también refuerza la posición de España como un referente en innovación y emprendimiento.

Impacto positivo en el mercado laboral

Uno de los aspectos más destacables es su capacidad para crear empleo. Empresas como Glovo han generado miles de puestos de trabajo, tanto en sus oficinas como a través de su red de repartidores. Este efecto se extiende a otras startups tecnológicas que requieren talento especializado en tecnología, marketing digital y gestión empresarial, incentivando así el desarrollo de un mercado laboral más sofisticado y competitivo.

Atracción de inversión extranjera

Los unicornios también han desempeñado un papel crucial en la atracción de inversión extranjera. Jobandtalent, por ejemplo, ha conseguido captar cientos de millones USD de capital internacional, demostrando que el talento y la innovación en España pueden competir a nivel global. Este flujo de capital contribuye a dinamizar el ecosistema emprendedor, incentivando la creación de nuevas startups y fortaleciendo los sectores en los que estas operan.

Transformación de la estructura empresarial

En cuanto a la transformación de sectores tradicionales, el impacto de los unicornios es evidente. Cabify ha llevado la movilidad urbana a un nuevo nivel, promoviendo modelos más sostenibles y eficientes que desafían a las opciones tradicionales. De manera similar, Factorial ha revolucionado la gestión de recursos humanos en pymes, eliminando ineficiencias y facilitando la transición hacia modelos digitales más avanzados.

Finalmente, el éxito de estas empresas ha tenido un efecto inspirador en el ecosistema emprendedor. Los logros de los unicornios españoles demuestran que es posible alcanzar el éxito global desde España, motivando a más emprendedores a seguir este camino. Este efecto se ve reforzado por el desarrollo de hubs tecnológicos en ciudades como Barcelona y Madrid, que concentran talento, capital y oportunidades, creando un círculo virtuoso de innovación.

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Además, se ha incorporado la exigencia de Junts, que contempla incentivos fiscales para que las compañías puedan desgravarse las inversiones destinadas a la descarbonización, en línea con los objetivos medioambientales y económicos del Ejecutivo.

La reforma fiscal en marcha

El Gobierno y Podemos han logrado un acuerdo de última hora para aprobar un paquete fiscal que se votará en el Congreso, acompañado de un futuro impuesto a las compañías energéticas. Este acuerdo responde a las exigencias de Junts, que condicionó su apoyo a que las empresas puedan desgravarse parte de este tributo si invierten en descarbonización.

Más impuestos a las energéticas

Según el comunicado de Podemos, el PSOE y la formación morada se comprometen a impulsar una proposición de ley para crear este impuesto, estableciendo una comisión negociadora que incluirá a todos los partidos políticos necesarios para garantizar el consenso antes del 31 de diciembre.

En caso de no llegar a un acuerdo antes de esa fecha, el Gobierno extenderá el gravamen energético existente mediante un Real Decreto Ley para aplicarlo en 2025, asegurando que este nuevo marco sea compatible con no gravar las inversiones vinculadas a la transición energética. Podemos subraya que la complejidad técnica del impuesto y la necesidad de un análisis riguroso hacen indispensable seguir trabajando con los grupos parlamentarios para garantizar una contribución justa del sector energético.

Las opiniones cruzadas

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se mostró satisfecha con el pacto, afirmando que garantiza la tributación de las energéticas y que se trabajará en el seno de la mayoría parlamentaria plurinacional para acordar los detalles.

Por su parte, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, destacaron que el acuerdo es fruto de intensas negociaciones y permitirá una reforma fiscal más justa y redistributiva, fortaleciendo el Estado del bienestar y respondiendo a las demandas de los ciudadanos.

Bruselas avala los planes de Sánchez

La Comisión Europea ha respaldado el plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno español, que busca reducir gradualmente la deuda y el déficit público entre 2024 y 2031. El plan prevé un incremento del gasto público neto del 3% anual, lo que permitiría disminuir la deuda pública desde el 102,5% del PIB en 2024 al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Según el análisis de sostenibilidad, la Comisión considera plausible esta senda, ya que las proyecciones muestran una reducción consistente de la deuda bajo distintos escenarios.

Además, el déficit público, que será del 3% en 2024, se reduciría gradualmente hasta el 0,8% en 2031, manteniéndose por debajo del 3% del PIB durante la década posterior. La Comisión concluye que las proyecciones y los compromisos del plan son coherentes con los requisitos de sostenibilidad fiscal para deuda y déficit, avalando su viabilidad a medio y largo plazo.

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Nuevo impuesto a la banca

Never expect the Spanish goberment of Pedro Sánchez. El nuevo impuesto a la banca en España, actualmente en negociación por parte del Gobierno con sus socios de coalición, afectaría principalmente a CaixaBank y Santander. Este impuesto introduciría un tipo impositivo gradual del 1%-7%, calculado en función de los ingresos (margen de intereses + comisiones).

Este formato sustituiría al actual, que aplica un 4,8% a entidades con ingresos superiores a 800 millones EUR. De este modo, se elimina el mínimo anterior y extendiendo el gravamen a toda la banca nacional. El tipo máximo se aplicaría a ingresos superiores a 5.000 millones EUR, generando un impacto adicional de 200 millones EUR para CaixaBank y 150 millones EUR para Santander.

No afectará a todos por igual

Entidades como Bankinter y Unicaja se verían menos afectadas debido a sus ingresos más bajos, inferiores a 3.000 millones EUR y 2.000 millones EUR, respectivamente. En cuanto al sector energético, el impacto del impuesto sería limitado. En este sentido, se prevé una suavización para aquellas empresas que mantengan compromisos de inversión en descarbonización en España, beneficiando a las energéticas que cotizan en bolsa.

Por tanto, el nuevo esquema impositivo propuesto por el Gobierno busca aumentar la recaudación de la banca y el sector energético en un marco más amplio y progresivo, aunque su impacto será desigual entre las entidades. Mientras que grandes bancos como CaixaBank y Santander asumirán una mayor carga fiscal debido a sus altos ingresos, entidades más pequeñas como Bankinter y Unicaja enfrentarán un impacto menor.

Por su parte, el sector energético podría beneficiarse de una cierta flexibilización si mantiene compromisos claros hacia la descarbonización. Estas medidas reflejan un esfuerzo por equilibrar la contribución fiscal de los sectores estratégicos, aunque podrían generar tensiones en su aplicación.

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La CNMC lleva a fase 2 la OPA del BBVA

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha decidido llevar a la fase 2 el análisis de la operación de adquisición de Sabadell por parte de BBVA. Esto implica un estudio más detallado debido a la posible afectación de la competencia en sectores clave como los servicios bancarios, pagos, seguros, fondos y planes de pensiones, y la gestión de activos.

Según el organismo, esta decisión responde a la necesidad de evaluar si la operación podría comprometer la competencia efectiva en estos mercados. Aunque esta fase puede retrasar el calendario previsto por BBVA, no prejuzga las conclusiones finales.

Burocracia que retrasa el plan del BBVA

En esta nueva etapa, se permitirá a BBVA, Sabadell y otras partes con interés legítimo presentar alegaciones y aportar información adicional. Además, la CNMC solicitará informes de las comunidades autónomas afectadas. Tras este análisis exhaustivo, la resolución podría incluir desde la autorización plena hasta la imposición de condiciones o la prohibición de la operación. La CNMC enfatiza que el trabajo realizado en la primera fase contribuirá a una mayor eficiencia en esta segunda etapa.

Más trabas para la OPA

En caso de que la CNMC decida prohibir la operación de concentración o condicionar su autorización a compromisos específicos, la decisión pasaría al Ministerio de Economía, que podría elevarla al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días. Este órgano tendría un mes para adoptar un acuerdo final, que podría autorizar la operación con o sin condiciones. Además, el Consejo de Ministros podría solicitar un informe adicional a la CNMC, y cualquier resolución debería estar debidamente justificada.

La Ley de Defensa de la Competencia permite al Consejo de Ministros valorar las concentraciones económicas no solo desde la perspectiva de la competencia, sino también en función de criterios de interés general. Entre estos factores se incluyen la defensa y seguridad nacional, la salud pública, la libre circulación de bienes y servicios, la protección medioambiental, el fomento de la investigación y desarrollo tecnológico, y el mantenimiento de objetivos de regulación sectorial.

Entonces… ¿Qué?

El paso a la segunda fase de análisis por parte de la CNMC ha alterado el calendario inicialmente previsto por BBVA para la OPA sobre Sabadell, que esperaba obtener todas las autorizaciones y cerrar la operación a mediados de 2025. Con esta decisión, el proceso podría extenderse varios meses más, posiblemente hasta bien entrado el primer trimestre de 2025, según declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Esto podría generar un desafío adicional en la CNMV, encargada de aprobar el folleto de la OPA para los inversores, ya que deberá equilibrar la necesidad de rapidez en el proceso con la de ofrecer información completa y detallada.

Además, la evolución del canje de acciones se verá afectada por los dividendos que repartan tanto Sabadell como BBVA. Si Sabadell distribuye dividendos, BBVA tendrá que ajustar el canje en acciones, mientras que, si BBVA remunera a sus propios accionistas, el ajuste se hará mediante un aumento en el pago en efectivo. Estos factores introducen mayor complejidad al proceso, prolongando los plazos y afectando potencialmente a los términos económicos de la operación.

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Una burbuja inmobiliaria que habrá de esperar

Gonzalo Bernardos ha previsto que en 2025 se vendrán casi un millón de viviendas, pero no cree que se vaya a dar una burbuja. Además, ha señalado que probablemente entre un 10-12% sean de vivienda nueva. Sigue la crisis de la vivienda fundamentada en un grave problema de oferta.((La no solución al problema de la vivienda))

Gonzalo Bernardos exsorcita la burbuja inmobiliaria

Gonzalo Bernardos, el conocido economista, ha asegurado durante el VIII Congreso Nacional los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España que en 2025 se venderán cerca de 800.000 viviendas. En cualquier caso, el analista defiende que no cree que habrá burbuja inmobiliaria porque los bancos están teniendo «prudencia» en las hipotecas concedidas.

Además, ha señalado que, de todas ellas, solo unas 100.000 serán de obra nueva. En este sentido, el sector inmobiliario vivirá una época de bonanza, especialmente en el de venta de vivienda de segunda mano. Así mismo, los precios seguirán al alza, por lo que la propiedad se seguirá encareciendo.

Una guerra hipotecaria «tremenda»

En cuanto al sector bancario, el economista asegura que habrá una guerra hipotecaria «tremenda». Y es que ha profetizado que algunas entidades podrán llegar a ofrecer el 100% del precio a determinados perfile de gran solvencia.

Al fin y al cabo, la situación del mercado ha consolidad la tendencia avalista de padres a hijos. Y es que, afirma el economista, los jóvenes han valorado más la experiencia por encima de la vivienda. Igual no tiene nada que ver la precarización a la que están sometidos.

El problema de la «okupación»

También se trató en el congreso el grave problema de la «okupación», asegurando que a diario se okupan más de 40 viviendas. Una de las mayores preocupaciones de los propietarios es el de la ocupación ilegal, que, desde su prisma, las leyes de vivienda del gobierno estaría facilitando.

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