Una red enredada

Los datos hablan por sí solos. La investigación de la Guardia Civil señala presuntas mordidas por valor de 620.000 EUR, obtenidas a través de contratos obtenidos durante la pandemia. Las cifras, por sí solas, ya habrían bastado para encender todas las alarmas. Pero es la cercanía de los implicados con la cúpula socialista —Cerdán era número tres del partido; Ábalos, exministro y figura clave en la primera legislatura de Sánchez— lo que convierte este caso en un verdadero terremoto político.

Pedro Sánchez ha intentado distanciarse rápidamente, pidiendo disculpas por haber confiado en Cerdán y activando una comisión de investigación en el Congreso. Un gesto que, si bien apunta a una voluntad de transparencia, también podría interpretarse como una maniobra defensiva: controlar los tiempos, marcar los ritmos y, sobre todo, contener el daño antes de que se vuelva estructural.

Silencios, maniobras y desgaste

Desde Ferraz se insiste en que el PSOE “ha actuado con contundencia”. Pero la ciudadanía no parece del todo convencida. La imagen de un Gobierno al que se le cuelan tramas millonarias entre bambalinas no casa bien con la bandera de la regeneración democrática que Sánchez ha querido enarbolar desde 2018. Y menos aún si uno de los protagonistas fue, durante años, uno de sus hombres de máxima confianza.

La reacción opositora ha sido inmediata. El Partido Popular no ha tardado en exigir explicaciones y deslizar que quizá el caso Ábalos–Cerdán no es una excepción, sino un síntoma de algo más profundo. Vox, por su parte, ha redoblado su discurso extremista. Mientras tanto, algunos socios de investidura —Sumar y Junts incluidos— miran con recelo, conscientes de que cualquier movimiento en falso puede hacer tambalear un equilibrio parlamentario ya de por sí precario.

La respuesta mediática también ha sido desigual. Algunos editoriales apelan a la prudencia y a la espera del pronunciamiento judicial. Otros, sin embargo, ya dibujan un mapa en el que las explicaciones del Ejecutivo suenan a coartada preventiva, más que a asunción real de responsabilidades.

¿Una crisis con recorrido?

Es probable que el tiempo —y los jueces— terminen de decidir la gravedad de este escándalo. Pero en política, lo simbólico importa tanto como lo jurídico. Y el símbolo que se proyecta hoy es el de un partido golpeado por los mismos males que durante años denunció en sus adversarios. La coherencia, en estos casos, es tan importante como la legalidad.

Con un calendario político cargado —Presupuestos, negociaciones territoriales, fricciones internas— y una ciudadanía cada vez más polarizada, este escándalo llega en el peor momento posible para un Gobierno que ya venía navegando entre fuegos cruzados.

Sánchez ha preferido refugiarse en su agenda internacional y mantener la compostura, como si con suficiente distancia mediática todo se pudiera desactivar. Pero el problema, quizá, no es tanto lo que se dice como lo que se intuye. Y lo que se intuye, con nombres, cifras y correos intervenidos, es que algo huele a podrido en el entorno del poder socialista.

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El Congreso aprueba la Ley de amnistía

Uno de los anatemas de la política española desde que arrancó la legislatura es el de la Ley de amnistía. Y no es para menos, es sin duda una legislación muy controvertida que ha levantado muchas ampollas. Desde la investidura no menos estrambótica de Pedro Sánchez, que a cambio de la Moncloa prometió, entre otras cosas, la salida adelante de esta ley, ha copado todos los telediarios. Finalmente, la promesa se ha cumplido y la ley ha salido adelante.

177 diputados frente a 172

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía con el respaldo de 177 diputados. El PSOE y sus socios parlamentarios dieron el visto bueno definitivo. Por el contrario, 172 diputados (PP, Vox y UPN) votaron en contra, sin que se registraran abstenciones.

De esta manera, el texto inicialmente aprobado por el Congreso quedó ratificado, concluyendo así la tramitación parlamentaria de esta ley. Está lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor. Después, y de acuerdo con el procedimiento habitual, el Boletín Oficial de las Cortes la publicará y el rey habrá de sancionarla. Una vez publicada en el BOE, los jueces serán los encargados de aplicar la ley, aunque su publicación no será inmediata.

La Ley de Amnistía

La Ley Orgánica de amnistía, de acuerdo con su exposición de motivos, trata de dar respuesta adecuada al problema catalán, diez años después de proceso independentista. En este sentido, y dando por superados los momentos más críticos de la crisis, trata de establecer las bases para garantizar la convivencia futura.

El texto establece que la amnistía «se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales». En este sentido, persigue «un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas». Unas palabras loables pero cuestionables por gran parte del espectro político. Por un lado, por la derecha, que considera la ley como una traición más de la izquierda para sostener la Moncloa. Y por los independentistas, que, lejos de lo que dice la ley, aseguran que es un nuevo paso hacia la independencia.

El proceso legislativo

La tramitación comenzó el pasado 12 de diciembre, superando el debate de totalidad el 10 de enero al ser rechazados los textos alternativos presentados por el PP y Vox. El 30 de enero, la iniciativa regresó a la Comisión de Justicia al no obtener mayoría absoluta en la votación final de conjunto. Posteriormente, el 7 de marzo, se aprobó un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia. En esa ocasión, en el pleno del 14 de marzo, el Congreso aprobó el texto por mayoría absoluta y lo remitió al Senado.

Después de que la Cámara Alta impusiera su veto, se sometió a votación el texto inicialmente aprobado por el Congreso, que lo ratificó por mayoría absoluta y levantó el veto.

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La investidura de Feijóo ha fracasado

Feijoo se ha enfrentado a una investidura perdida desde su inicio, después de no conseguir aunar los apoyos suficientes para su consecución. Con el fantasma de la amnistía en el aire y tras unas elecciones en las que todos ganaron y perdieron al mismo tiempo, Feijoo se ha enfrentado al reto de la investidura frente a un Congreso que lo ha rechazado al quedarse a 4 votos de la mayoría absoluta.((Nota de prensa del congreso anunciando la segunda ronda))

Pese al fracaso, fuentes del partido concluyen que el debate lo ganó el candidato, el cual pese a no lograr la investidura habría salido reforzado.

Nueva ronda de consultas

Tras el líder del Partido Popular, se inicia un periodo de dos meses en los que el Rey podrá realizar otra ronda de consultas. Si todo va como se espera, esta vez escogerá a Pedro Sánchez.

Otra investidura compleja.

Sin embargo, Pedro Sánchez no lo tiene mucho más fácil. Parte con menos escaños seguros que Feijóo, al contar con los del PSOE y la mayoría de los de Sumar. Pese a que parece que lo den por hecho, tendrán que pasar por aprobar una amnistía peligrosa para el crédito político de partido, que, sin embargo, ha soportado hasta ahora numerosos vaivenes: pactar con los independentistas, el giro con el Sahara…

Frente a ellos, los posibles socios de investidura especulan cada vez más con el coste de sus votos: amnistía, nuevo proyecto político con el que privilegiar aún más al País Vasco y Cataluña e incluso un eventual refrendo de independencia. En cuanto a Sumar, está atravesando una crisis política interna por la inestabilidad de la coalición que representa y los últimos coletazos que está pegando Podemos para evitar desaparecer.

En caso de no prosperar, lo previsible es que el 14 de enero los españoles volvamos a ser convocados a votar en las urnas de nuevo.

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