La ley de amnistía, aprobada definitivamente

El PSOE y sus socios de gobierno han aprobado definitivamente la Ley de Amnistía.((El Proyecto de Ley está disponible aquí)) Ha recibido un total de 177 votos a favor, con los votos del PP, VOX y UPN en contra.

El Congreso aprueba la Ley de amnistía

Uno de los anatemas de la política española desde que arrancó la legislatura es el de la Ley de amnistía. Y no es para menos, es sin duda una legislación muy controvertida que ha levantado muchas ampollas. Desde la investidura no menos estrambótica de Pedro Sánchez, que a cambio de la Moncloa prometió, entre otras cosas, la salida adelante de esta ley, ha copado todos los telediarios. Finalmente, la promesa se ha cumplido y la ley ha salido adelante.

177 diputados frente a 172

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la ley de amnistía con el respaldo de 177 diputados. El PSOE y sus socios parlamentarios dieron el visto bueno definitivo. Por el contrario, 172 diputados (PP, Vox y UPN) votaron en contra, sin que se registraran abstenciones.

De esta manera, el texto inicialmente aprobado por el Congreso quedó ratificado, concluyendo así la tramitación parlamentaria de esta ley. Está lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor. Después, y de acuerdo con el procedimiento habitual, el Boletín Oficial de las Cortes la publicará y el rey habrá de sancionarla. Una vez publicada en el BOE, los jueces serán los encargados de aplicar la ley, aunque su publicación no será inmediata.

La Ley de Amnistía

La Ley Orgánica de amnistía, de acuerdo con su exposición de motivos, trata de dar respuesta adecuada al problema catalán, diez años después de proceso independentista. En este sentido, y dando por superados los momentos más críticos de la crisis, trata de establecer las bases para garantizar la convivencia futura.

El texto establece que la amnistía «se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales». En este sentido, persigue «un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas». Unas palabras loables pero cuestionables por gran parte del espectro político. Por un lado, por la derecha, que considera la ley como una traición más de la izquierda para sostener la Moncloa. Y por los independentistas, que, lejos de lo que dice la ley, aseguran que es un nuevo paso hacia la independencia.

El proceso legislativo

La tramitación comenzó el pasado 12 de diciembre, superando el debate de totalidad el 10 de enero al ser rechazados los textos alternativos presentados por el PP y Vox. El 30 de enero, la iniciativa regresó a la Comisión de Justicia al no obtener mayoría absoluta en la votación final de conjunto. Posteriormente, el 7 de marzo, se aprobó un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia. En esa ocasión, en el pleno del 14 de marzo, el Congreso aprobó el texto por mayoría absoluta y lo remitió al Senado.

Después de que la Cámara Alta impusiera su veto, se sometió a votación el texto inicialmente aprobado por el Congreso, que lo ratificó por mayoría absoluta y levantó el veto.

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