BBVA ha decidido mantener firme su oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con el control de Banco Sabadell, incluso ante las severas condiciones impuestas por el Gobierno. Tras más de 13 meses de negociaciones, el Consejo recibió luz verde de la CNMC, pero el Ejecutivo añadió restricciones adicionales: las entidades deberán permanecer separadas en cuanto a personalidad jurídica, patrimonio y gestión durante al menos tres años, ampliables a cinco, sin fusionar oficinas ni recortar plantilla en zonas desfavorecidas.
Esta intervención le resta visibilidad a las sinergias previstas —850 M € en ahorro de costes— y recorta su rentabilidad esperada del 20 % al 8–10 %, según cálculos actuales de BBVA. Aun así, el consejo, presidido por Carlos Torres Vila, consideró que “esta operación crea un enorme valor para los accionistas” y que “representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa”.
Desde el Gobierno, el argumento pivota sobre el interés general: preservar el crédito a pymes, garantizar inclusión financiera, proteger el empleo y asegurar la cohesión territorial. Sin embargo, la Comisión Europea ya ha evaluado esta postura como contraria al espíritu de integración bancaria europea, por lo que podría iniciar un expediente por posibles trabas.
Reacciones al choque BBVA-Gobierno
La decisión de BBVA de seguir adelante con su OPA sobre Banco Sabadell ha generado una cascada de reacciones tanto en el entorno empresarial como político. Desde la propia entidad presidida por Carlos Torres Vila, se ha reiterado que el proyecto sigue en pie, a pesar de que las condiciones impuestas por el Gobierno español restan visibilidad a buena parte de las sinergias previstas inicialmente.
BBVA planea presentar el folleto definitivo de la OPA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en las próximas semanas, manteniendo su calendario previsto para lanzar formalmente la oferta en julio. La dirección del banco considera que la operación sigue siendo estratégica para consolidar su posición en el mercado español y europeo, aunque el nuevo marco regulatorio suponga un esfuerzo adicional.
Resistencia numantina del Sabadell
Por su parte, la respuesta de Banco Sabadell ha sido clara y contundente: la entidad catalana mantiene su rechazo frontal a la operación. Josep Oliu, presidente del consejo, ha insistido en que la oferta infravalora a Sabadell, que atraviesa uno de sus mejores momentos bursátiles de los últimos años. De hecho, la cotización del banco ha superado los tres euros por acción, ampliando considerablemente la brecha con la contraprestación ofrecida por BBVA. A ojos del consejo de Sabadell, esta revalorización y el reparto de dividendos extraordinarios refuerzan su estrategia de independencia.
El Gobierno de España se planta frente al BBVA
En el plano político y regulatorio, el Gobierno español ha defendido sus exigencias bajo el paraguas del “interés general”, aduciendo que la fusión podría poner en peligro el crédito a pymes, la inclusión financiera en zonas rurales y el mantenimiento del empleo en regiones sensibles. Esta postura, sin embargo, ha sido vista con recelo desde Bruselas, donde algunos miembros de la Comisión Europea han manifestado su preocupación por una posible obstrucción al libre mercado financiero en la UE. No se descarta la apertura de un expediente comunitario por posibles trabas regulatorias a la integración bancaria transnacional.
Mientras tanto, algunos analistas advierten de que el enfrentamiento podría acabar en los tribunales. BBVA no descarta impugnar judicialmente las condiciones impuestas por el Ejecutivo español, e incluso podría recurrir al Tribunal Supremo si considera que se están vulnerando sus derechos económicos o estratégicos. En cualquier caso, el pulso entre el banco y el Gobierno marca un nuevo episodio en el debate sobre la consolidación bancaria en España y la creciente tensión entre intereses corporativos y prioridades regulatorias.