La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente sancionador contra España tras detectar posibles irregularidades en el marco legal que regula las operaciones corporativas como la opa hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell.
En concreto, Bruselas critica que la legislación vigente otorga al Gobierno español facultades excesivamente amplias para bloquear o condicionar este tipo de movimientos empresariales, lo que, a juicio del Ejecutivo comunitario, podría vulnerar las normas del mercado único y la libre circulación de capitales. La actuación se produce en pleno pulso entre BBVA y el Gobierno por la operación, a la que el Ejecutivo ha mostrado una oposición cada vez más firme.
La Comisión Europea se entromete en el culebrón BBVA-Sabadell
Nuevo capítulo en la campaña de conquista del BBVA contra el Banco Sabadell. La Comisión Europea ha expedientado a España después del que el gobierno se haya entrometido en la operación. Y es que Bruselas considera que la normativa nacional otorga al Gobierno facultades excesivamente amplias para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias.
En una carta enviada recientemente al Gobierno, la Comisión señala que ciertas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia en España otorgan “facultades ilimitadas” al Ejecutivo para intervenir en operaciones del sector financiero. A juicio de Bruselas, esto interfiere con las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales, tal como establece la normativa bancaria de la UE.
El Ejecutivo comunitario también advierte de que estas prerrogativas gubernamentales suponen una restricción injustificada tanto a la libertad de establecimiento como a la libre circulación de capitales, dos pilares esenciales del proyecto europeo. Además, recuerda que las fusiones en el ámbito bancario son fundamentales para avanzar hacia una verdadera Unión Bancaria y lograr una asignación eficiente del capital dentro del bloque, facilitando así el acceso a productos financieros competitivos para ciudadanos y empresas.
Bruselas cuestiona la actuación del gobierno
En este contexto, Bruselas cuestiona que el Gobierno español autorizara la OPA de BBVA sobre Sabadell pero impusiera condiciones como la prohibición de fusionar ambas entidades durante un periodo de tres años. Según fuentes comunitarias, en ausencia de razones de interés público claramente justificadas, este tipo de condicionantes no deberían prevalecer sobre las decisiones técnicas de los organismos competentes, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde su punto de vista, elevar este tipo de decisiones al Consejo de Ministros no se justifica en el marco de una economía de mercado integrada.
Por ello, la Comisión ha dado un plazo de dos meses a España para responder a las deficiencias señaladas y corregir los aspectos más problemáticos de su legislación. En particular, se reclama una revisión profunda de la directiva de requisitos de capital y de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. También se insta a un uso adecuado y proporcionado de las herramientas previstas en la ley de defensa de la competencia.
España, expedientada
La carta enviada constituye el primer paso de un procedimiento de infracción. Si España no ofrece una respuesta satisfactoria, Bruselas podría emitir un dictamen motivado e incluso llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La apertura del expediente no ha sorprendido en el entorno político ni financiero. Bruselas ya había advertido previamente al Ejecutivo español de que cualquier interferencia injustificada en la OPA sería objeto de escrutinio, y a principios de este mes anticipó la posibilidad de iniciar el proceso sancionador, que ahora se ha formalizado.